¿Qué está pasando?

Ventajas e inconvenientes en la privatización de la cárcel

Modelos Americanos que fracasaron

cárcel, centro penitenciario, privatización, público, privado, privación de libertad Alvaro Colistro, Nicolás Duffau, María de los Angeles Barros y Diego Rochow en Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay/FOTO: Sofia Villalba

En la jornada del miércoles 28 de octubre se llevó a cabo el seminario “Discutir la cárcel, pensar la sociedad” a cargo del Centro de Investigación y Estudios Judiciales (CIEJ) y el Proyecto Contra el Sentido Común Punitivo, con tratamiento de temáticas vinculadas a la privación de libertad.

A través de una recorrida por la historia del sistema penitenciario en Uruguay así como una comparación con modelos Latinoamericanos, se pretendió dar una mirada crítica del sistema actual y modelos que se comienzan a implementar.

Un ejemplo es el Proyecto de Privatización de Cárcel aprobado por Uruguay en el mes de julio de 2015, para la construcción de un centro de reclusión bajo esta modalidad mixta de participación público privada.

Álvaro Colistro, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, expuso algunas consideraciones personales respecto de la naturaleza de este proyecto, así como una mirada crítica de sus ventajas.

Explicó que a raíz de la ley número 18.786, Uruguay habilitó la participación público privada en lo que respecta a servicios públicos y conexos, lo que puede ser leído como una insuficiencia por parte del Estado en sus posibilidades de llevar a cabo  óptimamente algunos servicios.

El actual proyecto prevé la construcción de un centro sito en Punta de Rieles, que contará con 25 edificios y un módulo de clasificación de internos. La empresa privada estará a cargo únicamente de la alimentación, el mantenimiento y la limpieza en esta cárcel, a cambio de un monto aproximado de 620 pesos uruguayos diarios por interno por un plazo de 27 años y 6 meses.

El sistema se orienta a internos de mínima y mediana seguridad y prevé multas para el Estado si sobrepasa la capacidad establecida de internos.

Una diferencia sustancial de este sistema en relación a otros es que el Estado continúa a cargo de la seguridad, la salud y la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Colistro cuestiona las ventajas de este sistema, que en apariencia busca la solución al hacinamiento carcelario.

“Hay 291 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, lo que muestra una tasa altísima y nos colocamos en el puesto número 35 en prisionización del mundo. Uruguay tiene una cultura de solucionar las cosas con la institucionalización y no sólo en el ámbito penal. Niños cuyos derechos son vulnerados son institucionalizados, las personas con padecimientos de salud mental también. Se procura que la prisión no sea la regla sino la excepción y por otro lado acudimos a esto como solución para el hacinamiento”, explica Colistro, respecto a una ambigüedad en la intención de solucionar el problema de la reclusión en el país.

“La lógica del mercado de una economía globalizada indica que las empresas van a buscar siempre un ánimo de lucro. Si la empresa encuentra el lucro por persona internada, van a querer siempre tener su capacidad colmada, pero además van a incidir en la opinión pública al respecto”, señaló.

Modelos fallidos

María de los Ángeles Barros y Diego Rochow, integrantes de la organización no gubernamental Chilena LEASUR, aportaron al panel una mirada crítica a raíz del modelo similar implementado en Chile.

La exposición apuntó a las fallas del proyecto de carácter mixto que recoge del leasing el plazo de 25 años para el Estado poder pagar los servicios prestados por el particular. Chile, explica Barros, se beneficia en el alivio fiscal y propone una solución al hacinamiento, como se prevé también en Uruguay.

Los resultados, a 15 años de implementado el proyecto, fueron contrarios a lo esperado. Los costos para el Estado chileno por interno en este modelo fueron de 611 dólares contra 465 dólares que se estiman por interno en la cárcel estatal. Se han constatado situaciones de derrumbe e insuficiencias edilicias, al tiempo de irregularidades en la alimentación.

No se han constatado situaciones de hacinamiento, lo que la expositora adjudica  a la intención del país de evitar las multas que ocasionaría esa situación.